El nuevo régimen jurídico del sector público
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público aspira a convertirse –al igual que su “ley pareja”, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- en uno de los “pilares sobre los que se asentará el Derecho Administra...
| Otros Autores: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Las Rozas (Madrid)
:Wolters Kluwer
D.L. 2016
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| Edición: | 1a ed |
| Colección: | El consultor de los ayuntamientos
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| Materias: | |
| Ver en Universidad de Navarra: | https://unika.unav.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991007496949708016&context=L&vid=34UNAV_INST:VU1&search_scope=34UNAV_TODO&tab=34UNAV_TODO&lang=es |
| Sumario: | La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público aspira a convertirse –al igual que su “ley pareja”, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- en uno de los “pilares sobre los que se asentará el Derecho Administrativo español”, según proclama el legislador en el Preámbulo. La Ley 40/2015 es la primera ley de la “nueva” regulación general de la organización administrativa, porque sustituye el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas establecido en la Ley 30/1992 –derogado, por cierto, por la Ley 39/2015- y también el régimen jurídico del sector público estatal contenido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. La trascendencia jurídica –y también socioeconómica- de la nueva norma reguladora de la estructura organizativa y las relaciones ad intra del sector público español es evidente. Pero no sólo es organización y funcionamiento interno lo que se establece en la Ley 40/2015. Sorprendentemente, también contiene el “nuevo” régimen jurídico básico de la potestad administrativa más incisiva para los ciudadanos: la potestad sancionadora; eso sí, la Ley 40/2015 lo “compensa” abordando el régimen jurídico-administrativo de la responsabilidad patrimonial del sector público: ambas constituyen materias esenciales del Derecho administrativo que, como acertadamente ha subrayado el prologuista y Catedrático de Derecho administrativo, Luis Cosculluela Montaner, no tienen precisamente “una pura significación meramente organizativa”. |
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| Descripción Física: | 539 p. ; 25 cm |
| Bibliografía: | Incluye referencias bibliográficas |
| ISBN: | 9788470527159 9788470527166 |
