Ley de la Jurisdicción Social

El presente libro recoge la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. El objetivo principal de esta Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, con fundamento en su mayor especialización,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Civitas
Autor Corporativo: Civitas, Departamento de Redacción (-)
Formato: Libro
Idioma:Castellano
Publicado: Madrid Civitas 2014
Edición:3a edición
Colección:Colección de libros electrónicos de ULoyola
Libros electrónicos en Aranzadi
Materias:
Acceso en línea:Acceso al texto completo en Aranzadi
Ver en Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada:https://colectivo.uloyola.es/Record/202266
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Descripción
Sumario:El presente libro recoge la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. El objetivo principal de esta Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, con fundamento en su mayor especialización, conocimiento más completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de tutela de este orden. Con la Ley reguladora de la jurisdicción social se afrontó una modernización del marco regulador procesal a partir de la concentración de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitación. Esta norma pretende superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, dilación en la resolución de los asuntos y, en consecuencia, fragmentación en la protección jurídica dispensada. El texto normativo que aquí presentamos se encuentra totalmente actualizado conforme al Real Decreto-ley 11/2013, de 2 agosto, y posterior Ley 1/2014, de 28 febrero, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Las reformas introducidas por estas normas van referidas a la modalidad procesal del despido colectivo con el objetivo de que la impugnación colectiva asuma un mayor espacio: se aclaran las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales. Esta obra se completa con un índice de conceptos para facilitar su consulta.