El rapto del Derecho privado
La relativamente reciente transformación del Estado contemporáneo, impulsada por el Derecho de la Unión Europea, de gestor de servicios públicos a un Estado regulador, ha acelerado un proceso ya iniciado con la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Se trata de la penetración en el ámbito prop...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Madrid
Civitas
2015
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| Edición: | 1a edición |
| Colección: | Colección de libros electrónicos de ULoyola
Libros electrónicos en Aranzadi |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Acceso al texto completo en Aranzadi |
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| Sumario: | La relativamente reciente transformación del Estado contemporáneo, impulsada por el Derecho de la Unión Europea, de gestor de servicios públicos a un Estado regulador, ha acelerado un proceso ya iniciado con la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Se trata de la penetración en el ámbito propio del Derecho privado de principios, categorías y técnicas habitualmente presentes en el Derecho público y que echaron raíces jurídicas en su solar. Se asiste así, casi sin sorpresa, a novedades tan relevantes como la imposición de normas legalmente vinculantes y su control por organismos públicos a sectores como el derecho de sociedades -a través, entre otras, de las disposiciones sobre gobierno corporativo- o el de la competencia. Es este un proceso que revierte buena parte de lo que ha sido tónica general en las relaciones entre ambas ramas del Derecho a lo largo del siglo XIX y parte del XX y que incluso ha permitido que sectores enteros del ordenamiento hoy se encuadren al menos a caballo entre las dos, dados los intereses tutelados y las técnicas de intervención que los presiden. Así sucede con ramas tan dispares, como son el derecho de familia, la nacionalidad, o el derecho bancario o el del mercado de valores. En esta obra se recorre este proceso, siquiera con una visión panorámica y no microscópica, por usar los términos de Toynbee, para concluir con un recordatorio acerca de la vigencia del principio de unidad del ordenamiento, que ha de ser tomado en consideración por los operadores jurídicos por encima de las especialidades propias de cada sector normativo. |
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