“…Sin embargo, el legislador europeo no lo consideró oportuno, del mismo modo que tampoco estableció en la Directiva 2000/31/CE un régimen de notificación y retirada. El recurso a conceptos indeterminados (i.e. conocimiento efectivo y actuar con diligencia) utilizados por el legislador para liberar a los prestadores de servicios de intermediación de su posible responsabilidad por el contenido ilícito intermediado, unido al dispar tratamiento nacional del régimen de notificación y retirada (o incluso la carencia en algunos de los Estados miembros) determina recomendarse una regulación de mínimos sobre último aspecto, sobre todo, para garantizar los derechos de todas las partes confrontadas (usuarios, perjudicados, prestadores de servicios de intermediación y titulares de las obras protegidas)…”