“…Sin embargo, en los últimos años, con la finalidad de alcanzar un objetivo lícito (la libre competencia o la prevención del blanqueo de capitales o del fraude fiscal), se han ido imponiendo determinadas obligaciones a los letrados que, en algunos casos, van a socavar su deber de secreto, tal y como, por otra parte, ha sido perfilado por una minuciosa doctrina del TEDH. La presente obra analiza hasta qué punto el secreto profesional del abogado constituye actualmente en España un límite al deber de colaboración con la Administración Tributaria. …”