“…Es de aplicación a todas las Administraciones territoriales y Entidades de Derecho Público, tanto estatales, como autonómicas o locales, incluidas las Universidades Públicas, a las Entidades gestoras de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo, a otros poderes del Estado y a las Corporaciones de Derecho Público (en ambos casos en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo), a las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, a las fundaciones del sector público, a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, al resto de entidades privadas que perciban un porcentaje significativo de financiación pública y a todas las personas físicas y jurídicas distintas de las anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. …”
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