“…El hito marcado por su reconocimiento constitucional como derecho fundamental en el texto de la CE, la labor de la doctrina y del Tribunal Constitucional (citado en adelante como TC o «el Tribunal») y la ratificación de los más importantes tratados internacionales de protección de derechos fundamentales, particularmente la Convención* Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), consiguieron que, en un plazo relativamente breve, nuestras normas sobre la libertad de expresión dispensaran a este derecho una protección análoga a la de los países de nuestro entorno y que nuestra práctica se adaptara rápidamente a «la mejor jurisprudencia del mundo»3 en la materia, la del Tribunal Supremo (TS) de los Estados Unidos y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).…”
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