“…Las diferencias con la norma de urgencia son notables: mayor sometimiento de las ETT a la normativa de las agencias privadas de colocación cuando asumen el doble rol; retoques en el polémico contrato indefinido de apoyo a los emprendedores y el contrato para la formación y el aprendizaje; ajustes en las bonificaciones e incentivos por transformaciones contractuales; clarificación de la regla sobre suspensión temporal del encadenamiento de contratos temporales (art. 15.5 ET); flexibilización del permiso para la formación; potenciación de la conciliación entre vida familiar y laboral; incremento del porcentaje de jornada irregular en defecto de pacto; acotación de la ultraactividad; incondicionalidad de la supremacía del convenio de empresa; matizaciones al procedimiento de descuelgue; racionalización de la responsabilidad del FOGASA; potenciación del papel de la Autoridad Laboral en los despidos colectivos; reformulación de las causas de despido objetivo y colectivo; regulación de la fiscalidad en indemnizaciones por despido; previsión de diversos derechos para las víctimas de violencia terrorista... …”
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“…Pese a su relevancia práctica, la vigente regulación de la figura, contenida esencialmente en artículo 212 bis LSC y en el art. 143 RRM resulta confusa e insuficiente, en aspectos clave como la responsabilidad por daños o ilícitos civiles, administrativos o penales. …”
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“…El art. 24.2 CE consagra el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, al que se hace referencia frecuentemente como «derecho a no autoinculparse» o a «no incriminarse», el «derecho al silencio», el derecho a no ser testigo en causa propia, o incluso un sedicente «derecho a mentir» en juicio etc. …”
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“…Esta obra aborda toda la problemática de la ejecución de las penas privativas de libertad, incluyendo las medidas de seguridad, distinguiendo entre los dos aspectos, ejecución y cumplimiento, que configuran la naturaleza mixta de la ejecución penal en España, delimitando las competencias entre Juzgados o Tribunales sentenciadores y Juzgados de Vigilancia penitenciaria, y las correspondientes a la Administración Penitenciaria, bien que sujetas éstas al control judicial de su legalidad, conforme al art. 3.2 del vigente Código Penal. Se ofrece así un completísimo material, que además de abordar todos los aspectos de la ejecución penal, profundiza en materias que hasta el momento apenas habían sido tratadas por los escasos libros o manuales que sobre la materia se han publicado. …”
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