“…Ninguno de éstos ha sido sustituido por otro de nueva planta, como sucedió el año 2015, pero todos (las Leyes 39 y 40 de dicho año, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, además de las Leyes de Subvenciones y de Patrimonio de las Administraciones Públicas, además de la reguladora de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) han sido objeto de numerosas reformas singulares, realizadas sin sujeción, al parecer, a un plan definido.La previsible eventualidad de que este flujo de reformas continúe (muchos proyectos de ley caducaron como consecuencia de la celebración de elecciones en julio de 2023) ha aconsejado dejar para más adelante una reelaboración de algunos de los contenidos teóricos de la obra, cuya sistemática tradicional se ha decidido mantener, conservando también los rasgos principales -sencillez y claridad- que desde su origen pretendió darse a la misma --…”